Dicha ley prohíbe a aquellas personas que tengan condenas ser candidatos a una función pública.
La legisladora Brenda Austin de la UCR, y una de las impulsoras del proyecto, dijo que se empezó a trabajar a nivel nacional en el año 2017.
Manifestó que no se logró la adhesión en la provincia de Córdoba pero si en muchos municipios. Austin tiene esperanzas que se vuelva a tratar a corto plazo.
