Se trata de artículos de una resolución de 1994, que establece que en caso de mora en el pago de los servicios de los departamentos, los estudiantes puedan ser desalojados.
Paula Casere, estudiante becada de las residencias, comentó que les genera preocupación que la normativa siga vigente, teniendo en cuenta el contexto económico.
Presentaron una nota al Consejo Superior que será evaluada en comisiones.
