En Río Cuarto, al igual que en varias ciudades del país se concentraron prestadores, profesionales y familiares de personas con discapacidad que reclaman por el deterioro en los servicios.
Gabriela Cabero, integrante de la Asamblea de Trabajadores por la Inclusión, destacó la convocatoria y anticipó que el 4 de junio cuando se trate la ley en Diputados realizarán una concentración similar.
Belén, trabajadora de un centro asistencial, explicó que las instituciones con mayor deuda con los prestadores son Agencia Nacional de Discapacidad y APROSS.
«Un holocausto silencioso», calificó el abogado Enrique Novo a la situación de las prestaciones por discapacidad en el país.
El letrado participó de la movilización y dijo que habrá que acudir al Poder Judicial como una alternativa válida.
