Se trata de una iniciativa del gobernador Martín Llaryora destinada a dotar al Estado de una herramienta legal específica para intervenir sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, por su estado de abandono, representen un riesgo para la seguridad pública y la convivencia ciudadana.
Juan Manuel Llamosas, presidente de la Legislatura, indicó que este proyecto se enmarca en la lucha contra en narcotráfico.
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